Entre 2006 y 2018, Tamaulipas encabezó la lista de los estados con el
mayor número de personas imputadas por el delito de robo de
hidrocarburos: durante ese periodo la Procuraduría General de la
República (PGR) registró dos mil 918 casos, es decir, 265 personas cada
año en promedio.
Tan solo en 2014, la PGR –ahora Fiscalía General de la República
(FGR)– registró 991 incidentes en dicha entidad fronteriza, aunque ese
año las autoridades solo detuvieron a una de cada cinco personas
involucradas –el 18%– y las cuatro restantes salieron libres.
Y no solo esto: de las 316 gasolinerías que Petróleos Mexicanos
(Pemex) clausuró en 2017 tras detectar que eran usadas para lavar
dinero, 24 se encontraban en Tamaulipas, es decir, un 7.5%.
El mes pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que
bloqueó la actividad de 13 empresas tamaulipecas por la probable
operación de recursos de procedencia ilícita, pue no compraron
combustible a Pemex entre 2016 y 2017: tres se encontraban en Reynosa y
en Matamoros, dos en Valle Hermoso, Río Bravo y San Fernando, y una más
en Guerrero.
Al revisar una muestra de permisos para operar gasolinerías que la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó entre 2015 y 2018, Apro
detectó que varios accionistas de estaciones de servicio incorporadas
en Tamaulipas fueron investigados por lavado de dinero o señalados por
presuntos vínculos con grupos criminales.
Abel Briones Ruiz es uno de ellos: Según la Oficina de Control de
Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, el hombre es uno de los integrantes del Cártel del Golfo, e
informó en mayo de 2015 que congeló sus activos, entre los cuales se
encontraba la gasolinería Combustibles Briones, S. A. de C. V.
La agencia de noticias AP reportó que Abel Briones utilizaba su red
de transporte para distribuir cocaína en la frontera suroeste de Estados
Unidos.
De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa consultada en el
Registro Público de Comercio (RPC), Briones Ruiz registró Combustibles
Briones, S.A. de C.V. en 2009, y declaró entonces que era comerciante.
En la asamblea del 2012, se registró una ampliación del capital a 4.3
millones de pesos, lo cual se justificó por la expansión y crecimiento
de los negocios de la sociedad.
José Guadalupe Herrera Bustamante, exprocurador de Tamaulipas en la
gestión de Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández, también opera una
gasolinería en Ciudad Victoria. El notario público fue investigado en
2012 por lavado de dinero y dos de sus hermanos –Ariel y Érick– fueron
identificados como integrantes del cártel del Golfo.
Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera también fue investigado en
México y Estados Unidos por lavado de dinero durante las gestiones de
Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores en Tamaulipas, así como
durante el gobierno de Roberto Borge Ángulo en Quintana Roo.
Tanto en México como en Estados Unidos presuntamente fungió como
prestanombres de los exgobernadores tamaulipecos y adquirió propiedades o
realizaba negocios con dinero vinculado con el narcotráfico –cártel del
Golfo y Zetas–. Es accionista de la empresa Gasolinera Agrónomos, S.A.
de C.V.
Wistano Luis Orozco García adquirió acciones de Unión de Gasolineros
Las Torres, S. A. de C.V. en 2015. Este personaje fue director de
Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde fue
responsable de los convenios multimillonarios que dicha institución
educativa celebró con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
durante la gestión de Rosario Robles Berlanga. El dinero público se
esfumó en complejos esquemas de empresas fantasmas y simulaciones de
servicios, según encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Cifras en caída
En la lista de los estados con mayor número de casos por robo de
hidrocarburos siguen, después de Tamaulipas, el estado vecino de
Veracruz –con 261 casos anuales en promedio– y Sinaloa, con 235 casos
anuales, también en promedio. Tamaulipas y Veracruz también figuran
entre las entidades con el mayor número de estaciones de servicio: 549
en el primero y 729 en el segundo.
De acuerdo con datos oficiales, la mayor parte de los casos fueron
abiertos por delitos relacionados con la sustracción o aprovechamiento
de hidrocarburos, castigados con entre tres y 10 años de prisión, y una
multa de 500 a 10 mil días de salario mínimo.
Derivado de la Reforma Energética se generó la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia De Hidrocarburos,
que reformó y derogó parte de lo que indicaba en el código penal en
materia de robo de gasolina.
Dicha ley entró en vigor en enero del 2016. Ese año, el número de
casos registrados fue de 600, cuando en los dos años previos se
superaron los seis mil 500, y menos del 30% de las personas fueron
detenidas. Para los años de 2017 y 2018 sólo hubo reporte de cinco casos
o menos.
Según cifras del gobierno federal, el robo de combustible genera
pérdidas en el país de 60 mil millones de pesos por año. Además de
Tamaulipas, otras entidades donde se registró esa práctica destacan
Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo y el Estado
de México.
Una modificación a la ley, aprobada en abril de 2018, endureció el
castigo para la persona que sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos,
sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas,
permisionarios o distribuidores: la pena se incrementó a entre 20 y 30
años de prisión.
Otro de los delitos que registró la PGR fue la “la sustracción o
alteración de equipos o instalaciones de la industria petrolera”,
castigada con entre tres y diez años de prisión y una multa de entre 200
y mil días de salario mínimo. Hasta 2011, Veracruz y Tabasco
registraron el mayor número de incidencias de ese delito.
